Paul Durand, representante permanente de Canadá en la OEA, formó parte de la misión que recibió las denuncias del NO sobre irregularidades del actual proceso del referendum
Documento del Movimiento Patriótico No al TLC entregado el pasado martes a la misión de observación de la OEA encabezada por el embajador Paul Durand (Canadá).
San José, 5 de septiembre del 2007
Señor Paul Durand
Señor Patricio Zuquilanda
Señora Betilde Muñoz
Presidente y miembros de la Misión Preliminar de Observación Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Estimados Señores;
Como representantes de organizaciones que se oponen al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que se llevará a referéndum el próximo 7 de octubre en Costa Rica, queremos expresarle nuestra preocupación por diversos hechos que, en nuestra opinión, ponen en peligro el respeto a la voluntad de los costarricenses que se manifestarán en las urnas ese día.
No omitimos señalarles que nuestras preocupaciones se enmarcan en el contexto de profundas desconfianzas generadas por el proceso de escrutinio de las pasadas elecciones presidenciales, de febrero del 2006.
Como seguramente será ya de su conocimiento, en esa ocasión, en unas elecciones que se resolvieron por poco más del 1% de los votos, las diversas denuncias documentadas sobre fraude electoral fueron desestimadas ad portas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Se impugnaron más de 700 juntas electorales, de cerca de 5.000 que funcionaron en esas elecciones. Sobre este tema les estaremos entregando una documentación detallada.
No hace falta señalarles que, para lograr un proceso ajustado a la votación de los costarricenses, y evitar posibles fraudes, se debe tomar desde ya medidas de control adecuadas, que hagan de este proceso una verdadera consulta sobre la voluntad ciudadana.
Nos preocupa lo que ha venido ocurriendo en al proceso de preparación del referéndum como, a continuación, explicamos.
1) El pasado 28 de agosto, los señores José Miguel Corrales Bolaños y Carlos Campos Rojas presentaron una petición y solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cara a este referéndum.
Ahí se señalaba que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea una convocatoria a referéndum sobre el "texto dictaminado" de ese proyecto de ley, que correspondía, por su publicación, al dictamen de mayoría (oficialista).
Esta convocatoria nos parece contraria a Derecho; los dictámenes de las Comisiones Legislativas no están previstos en el ordenamiento jurídico costarricense como posibles objetos de votación popular en referéndum. En un referéndum el pueblo aprueba o imprueba un PROYECTO DE LEY.
El Directorio de la Asamblea, a su vez, cambió la convocatoria y convocó a un referéndum para aprobar o improbar el "dictamen" sobre el ya citado proyecto de ley (siempre refiriéndose al dictamen afirmativo de mayoría). Así lo comunicó al TSE. Y así lo aceptó como válido el TSE.
2) Por Resolución 1119-E-2007, el TSE resolvió que todos los funcionarios públicos, con excepción de los policías y los funcionarios electorales, podían participar en el proceso previo al referéndum, manifestar sus opiniones y apoyar explícitamente las respectivas propuestas del SÍ y del NO al TLC "dictaminado", sometido a votación. Este permiso es contrario a las garantías que la Constitución Política y el Código Electoral otorgan al sufragio, en particular la de "imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas", y tiene graves consecuencias sobre el resultado de la consulta.
El TSE ha rechazado todas las gestiones y amparos electorales presentados, alegando que sus resoluciones son INIMPUGNABLES y recordando que no procede contra ellas el amparo ante la Sala Constitucional.
El referéndum sobre un objeto jurídicamente inexistente ha sido convocado para el 7 de octubre próximo. Las autoridades gubernamentales han incrementado su participación en la campaña a favor del SÍ al TLC. Las regulaciones dadas por el TSE para la publicidad y propaganda han omitido el respeto al principio de igualdad establecido en el Código Electoral.
En la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se la insta respetuosamente para que solicite al Estado de Costa Rica las siguientes medidas cautelares:
1.- Que las autoridades costarricenses den cumplimiento al deber de neutralidad ordenado en artículo 95, inciso 3, de la Constitución Política, y en el artículo 88 del Código Electoral.
2.- Que se modifique la convocatoria a referéndum para someter al votación el Proyecto de ley Nº 16.047, publicado en el Alcance Nº 44 a La Gaceta Nº 225 del martes 22 de noviembre del 2005, en lugar del "texto acordado" que figura en la actual convocatoria que, por tratarse de un dictamen legislativo, no constituye un proyecto de ley ni está previsto en nuestro ordenamiento jurídico como objeto válido para ser votado en un referéndum.
3.- Que se cumpla con lo ordenado en el artículo 85, inciso f) del Código Electoral, en cuanto a garantizar el principio de igualdad para las distintas tendencias en el proceso referendario, en lo concerniente a publicidad y propaganda.
No son estas, sin embargo, nuestras únicas preocupaciones en esta materia electoral. Hay diversos otros temas que, en nuestro criterio, pueden tener serias repercusiones sobre el resultado final del referéndum.
3) El TSE determinó que los fiscales deben ser inscritos por algún partido político. Esa decisión nos parece del todo arbitraria. Dada la naturaleza popular de la iniciativa de referéndum, diversas organizaciones ciudadanas, sin afiliación partidaria, se han sumado a este proceso, particularmente de parte del "NO". Sin embargo, no pueden inscribir fiscales si no es incorporándolos a algún partido político. Es fácil percibir las consecuencias de esa medida, que inhibirá a muchos de participar en el proceso como fiscales de mesa, por no aceptar hacerlo bajo la pertenencia a un partido. Nos parece indispensable revocar esta medida a la brevedad posible y ampliar el plazo de inscripción de fiscales.
4) Hay una desigualdad absoluta en cuanto a los recursos de publicidad en los medios masivos de comunicación entre el "SÍ" y el "NO". La disparidad, según información disponible, es de diez a uno, calculándose en unos 300 millones de colones (casi 600 mil dólares lo gastado por el "SÍ"), frente a unos 30 millones de colones del "NO".
El TSE no ha hecho, en nuestro criterio, lo debido para ajustar los gastos de campaña, no solo a lo que estipula la legislación electoral en cuanto a los montos invertidos, sino a lo que determina en materia de equidad.
5) Nos preocupa sobremanera que, teniendo a la vista lo ocurrido en la elección presidencial del año pasado, se insista en votar con una "X", en vez de hacerlo con el pulgar manchado en tinta. Nos parece que el mecanismo adoptado se presta para la realización de fraudes, como lo señalamos en el estudio sobre las elecciones del año pasado que les entregamos.
6) No omitimos señalarles, tampoco, que el TSE decidió atribuir al proyecto conocido como "Estado de la Nación" la elaboración de un documento informativo sobre las dos posiciones frente al referéndum. Ya en una ocasión nos habíamos opuesto a que esa institución asumiera ese papel, por considerarla parcializada con el "SÍ", y el expresidente de la República, don Rodrigo Carazo, como uno de los dirigentes del "NO", así se lo hizo saber oportunamente al Tribunal, en una carta con fecha del 11 de mayo recién pasado. Solicitamos, en esa ocasión, que el documento de difusión fuera el conocido como "Informe de los Notables", encargado por el anterior presidente, don Abel Pacheco, a un grupo de destacados costarricenses. No tuvimos, como es habitual, ninguna respuesta a esa iniciativa y surgieron, posteriormente, problemas con la actitud de los responsables del "Estado de la Nación", al publicar los puntos de vista de las partes.
7) Finalmente, queremos expresarles nuestra preocupación por la eventual autorización para que se venda bebidas alcohólicas el día del referéndum, así como el día anterior y posterior a esa fecha.
Es tradición, en el país, prohibir esa venta en períodos electorales, y nos parece del todo necesario mantener esa medida, que contribuye a evitar problemas y conflictos.
Estimado señores;
Algunas de estas denuncias y peticiones requieren atención inmediata, como lo relativo a la propaganda y a la participación de funcionarios de gobierno en la campaña. Pero todas deben ser encaminadas desde ya, para que, en el día de la votación, y en el escrutinio, se vea debidamente reflejada la voluntad de los votantes.
Estamos seguros que Uds. aportarán un indispensable elemento de vigilancia y equilibrio para asegurar que esa voluntad se exprese con transparencia y corrección.
Reciban nuestras muestras de la más alta consideración,
Eugenio Trejos Benavides, Rodrigo Carazo Odio
